Acuerdo tributario y transparencia en el gasto público

Gonzalo Delaveau

Hace unos meses atrás, en esta misma columna, comentábamos que uno de los grandes desafíos que enfrentaba nuestra democracia y convivencia ciudadana era recuperar y mejorar la confianza entre unos y otros; tanto entre las personas entre sí, como de los individuos hacia las instituciones, organizaciones y empresas, especialmente, respecto de nuestros políticos.

Durante las últimas semanas hemos seguido con atención el debate sobre la reforma tributaria y el acuerdo alcanzado hace una semana. Creo que ha sido una demostración de apertura, diálogo y, en definitiva, confianza mutua, en donde todos han tenido que vivir la verdadera “política” y ceder en algo sus posiciones con el propósito de lograr un proyecto que represente los diversos objetivos buscados e intereses involucrados. En palabras de Aristóteles, se ha hecho política, es decir el “arte de lo posible”, buscando con ello la estabilidad necesaria para seguir por la ruta del crecimiento, el ahorro, la inversión y el empleo.

Creo que existen varios elementos que han permitido lograr este acuerdo, entre los cuales quisiera destacar la apertura y transparencia con que el Senado, reflejado en el actuar de su Comisión de Hacienda, ha recibido las presentaciones y puntos de vista de distintos grupos, expertos, gremios, organizaciones de la sociedad civil; todos los cuales han podido plantear sus puntos de vistas e intereses en forma abierta y participativa.

Como se ha dicho profusamente, uno de los principales aspectos de la reforma tributaria es aumentar la recaudación fiscal para destinar dichos fondos a mejorar la educación. En tal sentido, creemos que un aspecto que aun no ha sido abordado con la importancia que merece dice relación con la transparencia en el gasto público. Este es uno de los aspectos centrales en los cuales debemos avanzar mejorando sustancialmente el acceso y la forma en que se entrega la información sobre el gasto y de los programas que ejecuta el gobierno. Es muy probable que muchos problemas que afectan a nuestro sistema educacional y otras desigualdades e inequidades que nos afectan podrían haber sido advertidas y prevenidas con una mejor información y acceso a la forma en que se gastan los recursos que aportan todos los chilenos. 
Sin perjuicio de algunos avances que se han dado en este sentido en los últimos años, existen numerosos programas respecto de los cuales aun no se tiene un acceso expedito a la información relevante sobre la ejecución de gastos, los objetivos estratégicos del programa, su público objetivo, así como sus indicadores de desempeño. En conclusión, no existe información clara respecto de lo que se gasta y para qué se gasta.

Si bien es cierto que la información de ejecución presupuestaria está permanentemente disponible en el link gobierno transparente de la mayoría de las instituciones públicas, tanto la facilidad de manejo de la información como el formato en que está dispuesta no cumplen -muchas veces- con el carácter de lo que se llama open data, ni permiten su manejo por parte de los ciudadanos de “a pie” ya que muchos de los conceptos son demasiado técnicos por lo que necesitan de verdaderas “maestrías” en contabilidad para poder leerlos. Estas falencias hacen que, en la práctica, muchos ciudadanos estén excluidos de la posibilidad de fiscalizar el gasto que ejecuta el gobierno.

La transparencia en el gasto público ayuda a aumentar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y en el uso de los recursos que cada ciudadano aporta al Estado para que éste los administre velando por el bienestar de todos. La transparencia en el gasto público y la rendición de cuentas del aparato estatal, permite que las instituciones públicas tomen decisiones sobre el uso de los recursos de frente a la ciudadanía y no a espaldas de ella, contribuyendo a mejorar la evaluación de la eficiencia del gasto público para así aumentar la contribución de éste al crecimiento y al bienestar social, los que debieran ser sus únicas finalidades.

El gobierno debiera aprovechar los mayores recursos con que contará para hacer cada vez más transparente y, por lo tanto, eficiente el gasto público.